El Decreto 173 de 2026 fue expedido por el Gobierno Nacional para adoptar medidas tributarias extraordinarias ante el estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en 2026. Su propósito es fortalecer los ingresos del Estado mediante ajustes al Impuesto al Patrimonio, con el fin de financiar acciones urgentes de atención y recuperación frente a la crisis generada por eventos climáticos extremos. La norma define condiciones de aplicación del impuesto a partir del 1 de marzo de 2026, enfocándose en contribuyentes con mayor capacidad económica (posesión de un patrimonio al 1 de marzo de 2026, cuyo valor sea igual o superior a 200.000 UVT -$10.474.800.000).
Para las empresas, este decreto implica revisar su situación patrimonial y evaluar posibles impactos fiscales, lo cual hace relevante el acompañamiento del área contable y tributaria.
En este contexto, la Revisoría Fiscal cobra importancia como apoyo clave para garantizar el adecuado cumplimiento normativo y la correcta revelación de información financiera relacionada con estas obligaciones.